El papel de los Parlamentos en el mundo.

Los parlamentos son la institución indispensable de las democracias representativas de todo el planeta. Independientemente de sus reglas o su normativa específica, su papel es incuestionable: representar al pueblo y garantizar que las políticas públicas sean diseñadas tomando en cuenta la voluntad de los ciudadanos.

Pero para que los parlamentos sean verdaderamente representativos, es indispensable que las elecciones sean libres y estén ajustadas al derecho. La ciudadanía debe tener acceso a la información sobre las sesiones parlamentarias, la legislación y las políticas públicas desarrolladas, y no sólo de manera off line sino también deben de disponer de esos datos desde la red.

Por ello podemos llegar a afirmar que, el parlamento es una institución única. Está compuesto de hombres y mujeres (con una composición muy dispar: tan sólo el 19,45% son mujeres) que han sido elegidos para representar al pueblo. Elaboran y adoptan leyes y cumplen con la función de control gubernamental, regulado en la mayoría de los países por la Carta Magna suprema.

El parlamento es una institución política. Es un espacio para el debate político, que con frecuencia termina en confrontación política. Pero es también un foro en donde, al fin y al cabo, se forjan las políticas nacionales y se resuelven los conflictos de la sociedad, a través del diálogo y el debate de cesiones y de acuerdos.

Además, podemos llegar a afirmar que el parlamento es una institución compleja. Funciona en distintos niveles y muchos actores influyen en su quehacer diario. Los diputados, el presidente del parlamento y los líderes, los partidos y grupos políticos, las comisiones de trabajo (legislativas, no legislativas, permanentes o concretas), el personal administrativo, todos contribuyen a conformar este entramado parlamentario

Por otro lado, ningún parlamento es igual a otro. Todos difieren en cuanto a su forma, roles y funcionamiento. Se forjan en función de sus historia y la propia cultura del país. Sin embargo, todos los parlamentos comparten la misma ambición: darle al pueblo una voz en la administración de los asuntos públicos.

Según la International Organization of Parliaments (IPU) en 2012 hay más parlamentos que nunca antes. Actualmente, 190 de entre 193 países cuentan con alguna forma de institución parlamentaria y en conjunto suman más de 46.000 representantes. La existencia de un parlamento no es sinónimo de democracia, pero indudablemente la democracia no puede existir sin un parlamento. Aunque varían enormemente en cuanto a sus facultades, funciones e infuencia, hoy en día casi todos los sistemas políticos tienen alguna forma asamblearia representativa.

Los parlamentos sirven como nexo y unión entre las preocupaciones de los pueblos y sus gobernantes. La existencia de un cámara pública en donde poder articular los intereses de los ciudadanos es condición necesaria para la legitimidad del gobierno. Una encuesta de opinión realizada en 2008 reveló que el 85% de las personas creen que “la voluntad del pueblo debería ser la base de la autoridad del gobierno”.

En la actualidad estamos viendo cómo la presión del público sobre los parlamentos es mayor que nunca. El aumento de tamaño de los gobiernos ha incrementado las responsabilidades de los parlamentos en cuanto a sus labores de escrutinio y fiscalización. El desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, como Facebook y Twitter, y la saturación de la cobertura mediática de la política han acrecentado la visibilidad de los parlamentos y los políticos.

Por otro lado, en muchos lugares del mundo existen cuestionamientos acerca de la efectividad de los parlamentos para exigir que los gobiernos rindan cuentas. La función de representación de los partidos políticos —elemento esencial para el funcionamiento de un parlamento— es, en muchos países, débil y tiene escaso arraigo en la sociedad. Con el florecimiento de la sociedad civil y las nuevas formas de democracia participativa, los ciudadanos cuentan con muchas vías de representación y desagravio. Si bien en algún momento los parlamentos fueron el foro por excelencia para dar voz a las preocupaciones del pueblo, ahora compiten con toda una serie de alternativas.

Indudablemente, hoy en día los parlamentos son por lo general más abiertos y accesibles, funcionan de manera más profesional, cuentan con más recursos y son más representativos. Esto es crucial para la democracia y la representatividad ciudadana. Pero los ciudadanos son, con justa razón, más exigentes con estas instituciones y esperan mayores estándares de efectividad, rendición de cuentas y conducta que nunca antes en su historia. A pesar de que las encuestas de opinión sugieren que las personas tienen puntos de vista ambiguos sobre los parlamentos, la cantidad de correspondencia, contactos y solicitudes de ayuda está aumentando en lugar de disminuir. Existen muchos roles que solo el parlamento puede llevar a cabo y las personas parecen reconocer la importancia de esta institución.

Podemos llegar a afirmar que los parlamentos han seguido evolucionando y adaptándose. El entorno en el que operan es ahora más complejo y se mueve más rápidamente que nunca. El desafío es seguirle el ritmo al público, que en este caso es el ciudadano, al demostrar capacidad de respuesta y adaptabilidad y renovar continuamente esa relación con la ciudadanía. Este será un proceso de evolución permanente, pero todo parece indicar que la mayoría de los parlamentos están a la altura de las circunstancias.

Jose L. Sahuquillo Orozco
Politólogo y Secretario de AVAPOL
@jsahuquillo

¿Tiempos modernos?. Eficiencia, Eficacia y Economía

O en los mismos términos, gestión por resultados. Éste es el principio que los gobiernos tradicionales, nuevos gobiernos y gobiernos de transición están aplicando como instrumento clave en la superación de la recesión económica que está teniendo lugar.

¿Tiempos modernos? Me apresuraría a afirmar que no. El gobierno de Margaret Thatcher ya pensaba en estos términos y a ellos, como paradigma irreductible, hemos vuelto enfatizando la idea tan generalizada de que la historia siempre se repite.

La nueva gestión pública es un eufemismo en sí mismo. Lo que concierne a la superación del modelo de estado weberiano y su actualización hacia la implementación de políticas y la intervención social en términos bottom-up, es asumible y aceptable. Los valores y criterios de decisión que se esconden detrás de todo planteamiento que persigue un sector público que oriente sus acciones hacia el rendimiento en términos de mercado, es cuanto menos una aberración.

 No caigamos en el error. Si es necesario, volvamos a la lógica de la provisión de bienes públicos, que por lo demás recordemos que era aquella en la que no cabían los principios de la rivalidad y la exclusión. ¿Acaso no son estos los que ha de proveer el Estado en tanto el sector privado no encuentra en ellos un rendimiento económico? ¿Cómo aplicar entonces este principio de toma de decisiones en el sector público?

Pero aún en el supuesto de verse inmerso en la gestión por medio de resultados, encontraríamos incluso limitaciones. La disciplina económica derivada de este paradigma se basa en un rendimiento que se traduce en un comportamiento disciplinado a corto plazo. Eso, y más en el caso de intervenciones públicas, es inasumible.

La propia OCDE ha venido denunciando los errores de este modelo de gestión pública. La definición de resultados desde el poder central y la responsabilidad de los delegados en la determinación del modo de gestionar, no es idílica. Para su buen funcionamiento requiere de buenos mecanismos de seguimiento y control del gestor desde el ámbito central; buenos mecanismos de coordinación entre los órganos delegados a fin de conseguir coherencia en la intervención pública y renovación de los sistemas de accountability para que, a fin de cuentas, la gestión pública no se centre sólo en una asignación presupuestaria de actividades de forma mecánica. En estos términos, es evidente que España no dispone de los mecanismos necesarios para plantear este modelo de gestión de sus intervenciones públicas.

Con todo, no por ello podemos recurrir a la deducción naïve de descartar la intencionalidad política de aplicar este paradigma. La técnica más evidente llevada a cabo hasta el momento es la del presupuesto (no)incrementalista, donde no se atiende por medio de evaluaciones sobre las intervenciones sociales a qué recortar, cuánto recortar y cómo hacerlo, sino que únicamente se centra en el efecto psicológico que esto genera en la sociedad. Afirmar que esta técnica es adecuada es injustificable puesto que, aún situándonos en el acierto fortuito de esa decisión, es evidente que la mera asignación de fondos no es condición suficiente y necesaria como para garantizar un buen servicio público.

Por muy contradictorio que sea, en los tiempos en los que nos encontramos la sociedad no necesita de resultados que pongan en cuestión los valores básicos del Estado de Bienestar que tanto esfuerzo ha supuesto para los españoles. No hay una fórmula mágica que resuelva la situación en la que estamos. Quizá lo más aconsejable es la suma de muchas. Lo que está claro es que en las Administraciones Públicas necesitamos estrategas capaces de identificar los problemas, reconocer los cambios en las relaciones de causalidad y diseñar estrategias adecuadas para cada tipo de intervención. No sólo de buenos resultados carece España y lo que es evidente es que con una gestión basada en este criterio seguiremos sin saber lo que todavía no sabemos: cómo hacer las cosas.   

Patricia Vidal

Politóloga y socia de AVAPOL
@VidalPat