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De espionaje a e-espionaje y sus consecuencias políticas

La ‘Era de la Información’, la ‘Sociedad de la Información, la ‘Era del Conocimiento’ o sea cual sea el nombre que quiera ser usado para describirlo, es un hecho que el actual grado de desarrollo tecnológico ha revolucionado el mundo y nuestras vidas. Sin embargo, los cambios que han sucedido tienen aspectos positivos y negativos (y el tema que este texto examina no es una excepción).

El espionaje es una herramienta política y la implícita asunción de la famosa afirmación de Nicolás Maquiavelo “el fin justifica los medios” ha permitido a los políticos usarla libremente en sus relaciones políticas (especialmente en sus relaciones internacionales). Esto ha derivado en algunas consecuencias éticas y otras de dudosa corrección moral. La existencia de redes de espionaje, relaciones internacionales ocultas y flujos confidenciales de información ha sido vox populi hasta ahora, pero algo ha cambiado y tiene estrecha relación con las nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información.

El espionaje era una realidad conocida pese a ser oculta. Además, se trataba de una realidad aceptada. La pregunta es: ¿por qué? Una posible respuesta podría ser que así era porque todos estaban ‘en el juego’. Otra posible respuesta es que tenía (o tiene) efectos positivos en la defensa del interés nacional – lo cual no es un argumento débil. Tanto es así que, en 2007 Michael Kapp[i] afirmó la existencia de efectos positivos del espionaje en el mantenimiento de la paz. Argumentó el porqué de la ausencia de regulación internacional en este tema diciendo que:

“Cualquier intento de regular el espionaje acabaría con esta herramienta de los Estados para determinar las intenciones reales, cualquier regulación formal del espionaje en tiempo de paz engendraría desconfianza, falta de entendimiento y desestabilización de las actuales relaciones entre estados” (2007, p.2).

Además, afirma que el espionaje es una actividad que lleva a la confianza y, así, a la estabilidad. La pregunta aquí es: ¿cómo? Por un lado, la posibilidad de ser espiado lleva a actividades más transparentes y pacíficas. Por otro lado, la capacidad efectiva de espiar a un país contrario y recolectar información sobre él, lleva a mejores y más fiables decisiones para el mantenimiento de la paz. Como he expuesto, el espionaje lleva a la confianza en el campo de las relaciones entre naciones pero algo ha cambiado ¿De qué tipo de cambio estamos hablando?

Las nuevas tecnologías han introducido nuevas formas de comunicación y también han abierto nuevos campos que explorar por el espionaje. Además, las gigantescas capacidades económicas y de posesión de información de las nuevas empresas tecnológicas, junto con su experiencia en este campo, ha llevado a escándalos de supuestos tráficos masivos de información entre éstas y naciones (como, por ejemplo Google y los EEUU). Esta es una dimensión emergente del espionaje. Terminé el párrafo anterior resaltando tipográficamente que el espionaje es una actividad  que se refiere a las relaciones entre naciones. Sin embargo, en el nuevo paradigma, el individuo se vuelve importante y, así, objetivo de actividades de espionaje, ¿por qué? Tiene que ver con los nuevos riesgos que amenazan la paz, la estabilidad internacional y el interés nacional. En el contexto anterior de relaciones bilaterales y multilaterales entre naciones, con el Estado como único actor en la esfera internacional, espiar al oponente (estatal) era suficiente. Sin embargo, en el actual paradigma, donde actores no estatales (p. ej. terroristas) se han vuelto un peligro fluido[ii] para la paz, podemos observar como el Estado, principalmente representado por Estados Unidos, está dando palos de ciego e, inevitablemente, cruzando líneas rojas. La libertad individual, desde la Guerra de Independencia de las antiguas colonias americanas, ha sido una característica básica de la sociedad norteamericana. Sin embargo, esto ha sido repentinamente perturbado no por un peligro externo sino por su propio Gobierno. Por tanto, las consecuencias políticas y sociales de estas redes de e-espionaje pueden ser muy grandes.

Las tecnologías de la información y la comunicación han llevado a la humanidad al punto en el que una infinita fuente de recursos cabe en la palma de su mano. Ésta ha hecho al individuo aparentemente más libre dándole información (posiblemente, la más potente herramienta del presente). Sin embargo, por el contrario, estas nuevas tecnologías lo han hecho esclavo de éstas en tanto en cuanto también pueden ser usadas contra él. De espionaje, hemos pasado a e-espionaje; de actividades nacionales y diplomáticas de espionajes a actividades dirigidas a espiar al individuo; y desde un probable resultado de mantenimiento de la paz a lo que podría ser una época de inestabilidad en las relaciones internacionales.



[i] Kapp, M. (2007). Spying for Peace: Explaining the absence of the Formal Regulation of Peactime Espionage. Chicago: The University of Chigago.
*Las citas textuales de esta fuente han sido traducidas por el propio autor de este artículo.

[ii] El adjetivo fluido hace referencia a la posibilidad de conocer con total certeza quién es el enemigo. Esto lleva al Estado, en una situación de desconocimiento, a la desconfianza y a llegar a realizar movimientos en falso. Se ve, ahora, cómo con EEUU en algunos casos está admitiendo que se ha propasado en su actividad de espionaje.

Fernando Ntutumu
Socio de AVAPOL 
@ntutumu

El autor, en cumplimiento de las normas de publicación del Blog de AVAPOL, declara que el contenido del texto es propio e inédito, que puede ser publicado en su blog personal y que la responsabilidad última del contenido del blog es del autor del mismo, careciendo AVAPOL de ningún tipo de responsabilidad.

Crónica IV Seminario #politica2pto0: OGOV y E-Democracia (2ª parte)

La primera mesa redonda de la tarde del IV Seminario Política 2.0 de AVAPOL estuvo dedicada a la sociedad civil, con el sugerente título de: "La sociedad civil como actor activo de mejora de la transparencia y la participación ciudadana." Fue moderada por José Ignacio Pastor, Presidente de ACICOM, e integrada además por Carles Torrijos, Director del diario Sueldos Públicos, Diego Álvarez, Coordinador de Analizo.info, Miguel Sala, Coordinador de Govern Obert, y Alicia Sellés, Presidenta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana.


De izquierda a derecha: Carles Torrijos, Miguel Sala, José Ignacio Pastor, Alicia Sellés y Diego Álvarez


Abrió el turno de intervenciones Carles Torrijos, quien definió Sueldos Públicos como un proyecto personal, cuyo objetivo era poner en evidencia los desbarajustes de la Administración Local y Autonómica respecto a la Estatal. De hecho, recordaría que los cargos públicos catalanes, y son los únicos, cobran muchas veces más que los nacionales. Explicó que obtenía buena parte de la información de las webs de los diferentes organismos oficiales, pero señalando que, si bien estaba toda, el modo en que se daba dificultaba en muchas ocasiones su comprensión; y relató el modo casi artesanal en que se veía obligado a ir sumando manualmente los complementos en razón del cargo o pertenencia a comisiones de los miembros del Senado y el Congreso, que se presentaban en un mero pdf, desglosados de modo genérico. También criticó el modo en que algunas veces se "esconde" la información, dificultando su acceso salvo que se busque con mucho detenimiento. Como ejemplo puso la página web de la Generalitat de Cataluña, donde acceder a las retribuciones de los cargos públicos es una odisea. Les adelanto que yo mismo lo he intentado, y sólo lo he logrado porque explicó los pasos a seguir. También reconoció que algunas instituciones, como la Casa Real, lo ponen mucho más fácil y argumentó que un buen parámetro de transparencia podría ser la cantidad de "clics" que hay que realizar para acceder a la información deseada; puesto que la información es pública, pero no siempre visible.

Con esa última reflexión, se dio el turno de palabra a Miguel Sala, quien explicó las diferentes acciones que desde Govern Obert habían sido llevadas a cabo. La primera fue la elaboración de una propuesta de ley de gobierno abierto para la Comunidad Valenciana, que fue presentada a todos los partidos políticos para su posible inclusión en sus diferentes programas electorales, cosa que algunos, IU y Compromís, hicieron. Asimismo, presentaron una propuesta de ordenanza municipal de gobierno abierto en el Ayuntamiento de Valencia, aprovechando que se estaban debatiendo cambios en la Ordenanza de Administración Electrónica. Aunque el Ayuntamiento lanzó su portal de Administración Electrónica como un gran avance, siendo verdad que ha mejorado en rapidez y accesibilidad a determinados trámites, señala que todavía hay muchos que siguen siendo básicamente presenciales, como la solicitud de obra menor.

Para Sala, lo que se pretende con el Open Government y Open Data es la puesta a disposición de la información, permitiendo a los ciudadanos visualizar con facilidad los datos en una misma página e interpretarlos. Además, existe software gratuito que cualquier Administración puede utilizar para este fin y plataformas como la Fundación Ciudadana CIVIO, que permiten comparar diferentes indicadores (Por país, Comunidad Autónoma, evolución temporal...) y acudir a la fuente de obtención de dichos datos. Además de trabajar en el ámbito legislativo y el de los medios de comunicación, Incidió en la necesidad de educar en transparencia y gobierno abierto desde la escuela, logrando que los jóvenes busquen y analicen críticamente la información por sí mismos.

Diego Álvarez, explicó el proyecto analizo.info como una actividad de emprendimiento social, que busca la mejora social, ser abierta y permitir participar a todo el mundo. Así, se crea una ciudadanía empoderada, en la que ellos son el centro del proceso, que se forma su propia opinión y con capacidad de influir en el gobierno a través de la TICs. El origen del proyecto estaría en el 15M, que supuso la vuelta de la política al debate ciudadano, y la inspiración de plataformas como CIVIO y la Open Knowledge Foundation. Recalcó que, si bien la aprobación de leyes de transparencia y la aparición de portales de open data son pasos importantes, lo que verdaderamente nos hará más libres es entender esta información.

Desde analizo.info se está llevando a cabo un proyecto de análisis sobre Política Europea y Desarrollo Sostenible, que analizaría los programas electorales de los partidos con representación parlamentaria, identificando sus propuestas y el posicionamiento de cada partido sobre las mismas. Esto, facilitaría una posterior rendición de cuentas según su actuación posterior, al identificar que se decía y que se hizo al final. Defiende el papel de la transparencia como un instrumento eficaz para luchar contra la corrupción, que genera desconfianza y desafección de los ciudadanos hacia las instituciones, los políticos y, en última instancia, entre nosotros mismos. Otro posible proyecto de investigación que señaló sería el tratamiento que los grandes medios, particularmente la televisión, que sigue influenciando la opinión del 87,4% de los españoles, según reciente encuesta del CIS, realizan de la información. El ciudadano, para empoderarse, debería conocer los medios y analizar el tratamiento de las noticias y su objetividad.

En último lugar, le tocó el turno a Alicia Sellés, quien recalcó que sin acceso a los documentos, definido como cualquier soporte que recoja la acción de la Administración en el ejercicio de sus funciones, no hay garantía de transparencia. Señaló que es cierto que existen restricciones legales a la hora de dar cierta documentación, pero que en ocasiones se usan como un escudo para no dar datos. Recuerda que, con el tratamiento informático adecuado, muchos documentos deberían ser más accesibles; y pone el ejemplo de la Hacienda española, cuyo tratamiento y contraste de la información la convierten en un referente en toda Europa. Respecto a la Administración Electrónica de cara al ciudadano, hizo ver que los datos que facilitan son los más sencillos para la Administración, como el pago de tributos o el cambio de domicilio fiscal, pero que no se ponen suficientes medios para desarrollarla de verdad. Lamentó que, en España, los documentalistas participen poco en la generación y gestión documental, mientras que en otros países, como Canadá, es práctica común que los gestores documentales participen en los diseños de expedientes y procesos administrativos. Sin embargo, explica, ello no implica que no exista regulación sobre el ciclo de vida del documento, el actual Real Decreto 1708/2011, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Aunque algunos de los archivos mencionados, como el archivo intermedio de la Generalitat, sean virtualmente inaccesibles en la práctica.

Jose L. López Valenciano
Politólogo
@kasugakun

Crónica IV Seminario #politica2pto0: OGOV y E-Democracia (1ª parte)

El pasado 11 de abril de 2013, tuvo lugar en la universidad de Valencia el IV Seminario Política 2.0 de AVAPOL: E-Democracia y Open Government. Formaron parte de la mesa de inauguración de la jornada: María Elena Olmos Ortega, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia; Margarita Soler Sánchez, Directora del Departamento de Derecho constitucional y Ciencia Política y de la Administración de la universidad de Valencia, Joaquín Martín Cubas, Director de la jornada y profesor de Ciencias Políticas; y, finalmente, José Luis Sahuquillo Orozco, coordinador de la jornada y Secretario de AVAPOL. Cada uno de ellos dio unas pinceladas sobre el objetivo de la jornada.



En primer lugar tomó la palabra Jose L. Sahuquillo, coordinador del evento. El politólogo quiso agradecer desde el primer momento la confianza depositada en la Asociación Valenciana de Politólogos AVAPOL para organizar "el evento más destacado en materia de nuevas tecnologías y política de toda la Comunitat Valenciana". Fiel a la línea que esta siguiendo AVAPOL durante los últimos meses, Sahuquillo afirmó que "no podíamos girar la cabeza y mirar hacia otro lado. La sociedad reclama mayor participación ciudadana y unos mejores instrumentos de canalización de la voluntad del pueblo en la voluntad política". Además anunció que la voluntad de AVAPOL y de la Facultat de Dret es continuar con esta serie de seminarios que el año que viene cumplen cinco años, "necesitamos continuar creando debate y opinión en los asuntos de la agenda política"


En segundo lugar habló Joaquín Martín Cubas, quien destacó que en el actual contexto de crisis, las instituciones se debilitan, lo que puede debilitar a la propia democracia. La solución pasa por unas instituciones fuertes y representativas. Recordó que las democracias liberales han supuesto un aumento de la libertad a través del establecimiento de una serie de garantías, pero hay que mejorarlas y dar un paso más allá en la participación ciudadana. Por su parte, Margarita Soler, destacó que la mañana era para la academia y la tarde para la sociedad civil (una descripción bastante ajustada de las dos partes de la jornada). De este modo, se recogen dos perspectivas complementarias y la universidad recupera su conexión con la sociedad. Por último, Margarita Soler Sánchez recuerda que la universidad está para servir a la sociedad, colaborando y participando con ella en las búsqueda de soluciones justas a los problemas. Dadas las exigencias actuales de la sociedad, el marco constitucional actual parece no ser suficiente. Por ello, el open government puede ser la solución al permitir la comunicación directa y la participación de la sociedad en el gobierno en todos los niveles; pero los ciudadanos deberán aprender también a gestionar este tipo de control.

Tras la inauguración del seminario, se dio paso a la conferencia "La nueva ley de transparencia y buen gobierno: análisis DAFO", a cargo de Lorenzo Cotino, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, quien fue presentado por María José Ferrer de San-Segundo, miembro de AVAPOL.

En primer lugar, contextualizó la situación en España, comparándala con el resto del mundo y su desarrollo histórico. Así, recordó que fue Suecia en 1766, con la aprobación de Acta de Libertad de Prensa, el primer país del mundo que reguló el acceso a la información, si bien se trató de un hito sin continuidad. Fue necesario esperar hasta 1881 para que el Reino unido regulara el right to publicity. En cualquier caso, lo que pretendía mostrar era que open government y transparencia no son tan novedosos y, en su opinión, lo que ha cambiado son las herramientas.


En su opinión, la Freedom of Information Act (FOIA) estadounidense, aprobada en 1966 y enmendada en 1996 para adaptarla a la nueva administración electrónica, es hoy la más completa del mundo. En la misma década de los sesenta, son aprobadas en Europa diferentes leyes regulando el acceso a la información. Asimismo, ya en aquella época, diferentes organizaciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial, exigen la aprobación de leyes de transparencia a los países que pretendan obtener fondos de ellos. Esto explica que, al menos sobre el papel, muchos países en vías de desarrollo tengan leyes de transparencia más avanzadas que las nuestras. Por ejemplo, en muchos países de latinoamérica es posible acceder a la información sin necesidad de acreditar un interés legítimo. En Europa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya incluye el derecho de acceso a la información pública. además, en 2009 fue aprobado el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (documento que, a día de hoy, España no ha ratificado), con el fin de solventar los problemas asociados al déficit democrático y lograr una mayor legitimidad.

Refiriéndose a la situación en España, recordó que sí existe un derecho de acceso a información pública, básicamente a través de los procedimientos y casos que establece la Ley 30/1992, pero anticuado e insuficiente. Y, para liar más la cosa, incluso tras la aprobación de la Ley de Transparencia que ahora se debate, seguirán vigentes leyes dispersas que regularán diferentes aspectos de este acceso, como la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público y diferentes reglamentaciones autonómicas y locales.

Tras ponernos en situación, procedió al análisis de la Ley de Transparencia que ahora mismo se debate. Encuentra que la proposición de ley de 2011 es algo más innovadora que el texto socialista de 2009, si bien critica que se trate de un proceso legislativo opaco pues, aunque se abrió un periodo para que los ciudadanos presentaran sugerencias y posibles enmiendas a la ley, nunca se supo cuales fueron aceptadas y sobre que criterios.

El actual proyecto cuenta con 29 artículos, cinco disposiciones adicionales y nueve finales. El sujeto de la ley es todo el sector público, aunque existen zonas grises: los órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Congreso, Senado y algunos otros enumerados en el artículo 2.1.f), sólo estarían sometidos a ésta en la medida que realizaran actividades de Derecho Administrativo. La transparencia que se regula es una transparencia activa, lo que va más llá de un simple derecho de acceso, para convertirse en una puesta a disposición y difusión de la información sin necesidad de solicitarla. Para ello, el artículo 8 contempla la creación de un Portal de Transparencia que facilite el acceso a la información. En todo caso, Cotino hecha de menos una mayor concreción.



Para la ley, la información pública aparece definida en el artículo 10, y es básicamente toda la que emitan los sujetos públicos, en cualquier soporte, excepto si está incurso en elaboración o reelaboración, así como la privada en posesión del poder público en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, quedan fuera cosas como las comunicaciones internas. El derecho de acceso se universaliza. De hecho, los límites que establece al mismo el artículo 11 no recogen la necesidad de demostrar interés legítimo, como hasta ahora, aunque se sigue requiriendo la acreditación de identidad y está por regular el método de acreditación electrónica. Se permite además el acceso parcial a la información, artículo 13.

El plazo para dar contestación, artículo 17, es de un mes desde la recepción de la solicitud, ampliable a otro mes si el volumen o complejidad de la información solicitada lo requiriese. La Administración podrá pedir al solicitante, cuando no haya identificado suficientemente la información que desea, que la concrete, artículo 16.2. Asimismo, si la información solicitada afecta a terceros, se les concederá un plazo de quince días para que realicen las alegaciones oportunas, artículo 16.3. El acceso a la información será gratuito y preferentemente por vía electrónica, artículo 19. Sin embargo, podrán exigirse costes o tasas según el soporte en que se dé la información o el esfuerzo para recabarla. En cualquier caso, los costes no pueden ser disuasorios.

Por supuesto, señala, la ley consagra unos límites al ejercicio de este derecho, lo cual no es negativo en sí. Lo importante es la ponderación entre el interés legítimo y éstos. De este modo, aunque la Ley de Protección de Datos establezca una serie de límites también, puede haber casos en que exista un interés superior que motive dar la información solicitada. Lo que sí critica es que se establezca el silencio negativo. Por suerte, señala, lo que importa es que existan garantías para recurrir este silencio. El proyecto de ley recoge la posibilidad de realizar una reclamación previa ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios que, si no es resuelta y notificada en el plazo de tres meses, se entenderá desestimada. En cualquier caso, siempre se podrá recurrir a la via judicial.

Tras este detallado análisis, el profesor Cotino pasó a nombrar brevemente la parte del texto dedicada al buen gobierno, que calificó como injerto desconectado del resto de la ley, que incluye infracciones y sanciones para los malgastadores, mientras que en la sección dedicada a la transparencia, no se incluye ninguna potestad sancionadora.

Entre las debilidades de la ley, apunta que se trata de un texto de mínimos, aunque suponga una mejora sustancial respecto a la situación anterior. Si bien la norma no es mala, ni es revolucionaria, ni recoge completamente los principios del gobierno abierto, cuya esencia son las nuevas tecnologías. Además, no hay asignación presupuestaria para su desarrollo; se atenderá con medios ya existentes. Pero no todo es negativo, también hay espacio para las oportunidades. La ley otorga margen para que las administraciones autonómicas y locales complementen la ley y le den concreción, estableciendo órganos concretos y dotándolos de potestad sancionadora; así como establecer qué información debe estar disponible y cómo (soporte). La gran amenaza para la ley, recuerda, es que se apruebe y la olvidemos, ya que se suele hablar mucho de participación y ciudadanía, pero es poca la gente que realmente participa y se interesa activamente por estos temas.

Jose L. Valenciano
Politólogo