Napoleón decía…
Sobre los sueldos de los políticos. Disculpe, no
tengo soluciones, pero le puedo ofrecer alguna reflexión..
Napoleón decía, poco más o menos, que cuando un
político tiene un problema y quiere resolverlo nombra a un responsable. Sin
embargo, si tiene un problema pero no está interesado en que se aclare, designa
un comité. Varias décadas después, el humorista estadounidense, Fred Allen, argumentaba
irónicamente que un comité es un grupo de personas carentes de
preparación, nombradas por otras carentes de disposición, para hacer algo
carente de utilidad. Sirva la palabra comisión,
como sinónimo de comité y
aterrizaremos mejor en la política española.
Si el asunto de los sueldos de los políticos sigue
generando controversia y no se vislumbra acuerdo para reducir diferencias
abismales en las nóminas de muchos cargos públicos electos es porque,
llanamente, no hay voluntad de consenso, ni hay un responsable para arreglarlo
ni existe un comité/comisión. Con todo, la administración local sigue
presentando los disparates salariales más sonados de la administración pública
española.
Y el ciudadano medio se preguntará ¿que a caso
existe un especial interés en que los políticos se pongan de acuerdo para regular
sus sueldos? ¿Es ese un problema prioritario que se repite en las encuestas del
Centro de Investigaciones Sociológicas? ¿Qué dice de eso el Gobierno central?
¿Por qué no se aprueba una ley general para todos los cargos públicos electos?
¿Desde cuándo un trabajador de una empresa privada tiene potestad para subirse
el sueldo él mismo como hacen los parlamentarios, alcaldes, concejales y
presidentes autonómicos?
Y sigo preguntándome ¿cómo es posible que la
Administración General del Estado no haya sido capaz de poner orden en la
inmensa maraña de los sueldos de los políticos? ¿Por qué la nómina de algunos
alcaldes y concejales de ayuntamientos que no son capitales de provincia son
más elevadas que la paga que recibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy?
¿Cómo es posible que varios presidentes autonómicos cobren más que el jefe del
Ejecutivo? ¿Es normal que el presidente del Congreso de los Diputados cobre
algo más de 13.000 euros mensuales por su cargo? Por qué la tercera persona más
importante del Estado cobra más que la segunda? Por qué Rajoy gana 78.185 euros
brutos al año, como presidente del Gobierno y el presidente de una autonomía
como la catalana cobra 144.000 euros? ¿Cómo se fijan los salarios de los
políticos? ¿Por qué existen tantas diferencias? Es la población un criterio
válido para regular las retribuciones? ¿Por qué no se cumple entonces?
Como podrá comprobar el lector, planteo muchas
preguntas pero ofrezco pocas respuestas. Bueno sí, por ejemplo, la Federación
de Municipios y Provincias de la Comunidad Valenciana aprobó hace ya tiempo, y
tiene colgado en su página web, un documento de ‘recomendación’ de los sueldos
de los concejales y alcaldes de los municipios según su población y establece
unas sensatas disposiciones sobre cómo no superar jamás el salario del
presidente de la Generalitat o de los consellers. Eso sí, sigue siendo una
recomendación. Hoy en día, varios alcaldes de municipios del área metropolitana
de Madrid, con más de 200.000 habitantes cobran más que el presidente del
Gobierno de España. Estamos hablando de sueldos de más de 80.000 euros. Una
barbaridad que consienten, casi siempre, gobierno y oposición.
Los sueldos públicos es un tema del que habla todo
el mundo, como el fútbol. Posiblemente, los vecinos de su edificio o de su
urbanización tienen una opinión, hablan y discuten sobre ello con naturalidad a
veces y con desmedido apasionamiento, otras. El asunto se presta a tertulias de bares, de
cafés, debates televisivos, encuestas en Internet y participaciones
radiofónicas de lo más variopintas.
Hablamos del dinero que los contribuyentes ceden con
sus impuestos para pagar nóminas, dietas, pensiones e indemnizaciones a los políticos.
Dejamos, pues, para otra ocasión los sueldos públicos en sí, que engloban,
además, todas las retribuciones de los empleados públicos, esto es,
funcionarios de carrera, personal laboral, interinos y personal de libre designación
o cargos de confianza. No nos olvidamos además, de esos ‘androides laborales’ o
trabajadores de empresas públicas o de fundaciones cuyo criterio de
contratación ha consistido, y se ha reconocido recientemente por los
implicados, en una mera recomendación. Tanto unos como otros reciben sus
emolumentos de las diferentes administraciones, aunque cabe destacar que muchos
políticos, además de cobrar por un cargo como consecuencia de haber recibido el
respaldo de los electores, también están en nómina dentro del partido político
al que pertenecen. Tenemos, por ejemplo, el caso de Mariano Rajoy, que, como
jefe de la oposición, cobraba en calidad de diputado nacional, pero el Partido
Popular le pagaba 150.000 euros al año, al menos, antes de ganar las Elecciones
Generales del pasado 20 de noviembre.
Pero, sea como sea, el ciudadano medio, informado o
no, siempre tiene la idea de que los políticos ‘viven muy bien’ y sobre ellos
corre la eterna sospecha de la duda, las malas compañías, los asuntos turbios y
los contratos amañados.
Pese a que las diferentes administraciones y algunas
instituciones del Estado llevan aplicando medidas de transparencia, los sueldos
de los políticos no son siempre un dato accesible a todos. Y debería serlo por
ley.
Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado
recogen en su página web, mediante un documento en pdf, las retribuciones
brutas básicas de sus señorías y toda la casuística de complementos, que
sonrojan a más de un contribuyente. Además, unos y otros disfrutan de dietas,
pensiones e indemnizaciones que chocan con el régimen general de la Seguridad
Social. Hay algunos gobiernos autonómicos como el andaluz o el propio gobierno
regional de Cantabria, por poner dos casos, que también ofrecen al usuario de
Internet la información sobre las retribuciones de sus parlamentarios o
consejeros. Ojo, pero no todos los españoles saben usar la red, ni tienen
acceso a ella. Es un paso, cierto, pero sigue siendo insuficiente.
Como ven, han leído hasta este último párrafo y
siguen con muchas dudas y preguntas en la cabeza. Sigo pensando que los
diputados y senadores españoles están mal pagados, en cuanto a salario base se
refiere. Creo que deberían cobrar más. También digo, que sus prestaciones,
dietas y planes de pensiones contienen privilegios que el resto de trabajadores
no disfruta y eso es injusto. También opino que los sueldos de los alcaldes y
concejales de todos los municipios de España deberían estar regulados por una
ley nacional. La corrupción disminuiría y el verdadero servicio público
acabaría aflorando. Los oportunistas, en definitiva, menguarían.
Acabo ya. El debate político en España adolece de lo
básico. Se habla de corrupción, de tribunales, de partidos y familias. Se habla
demasiado de los sueldos de los políticos. Se habla de todo eso porque nos
chirría. Pero hablamos poco del presupuesto, muy poco de las políticas
públicas, nada de su diseño e implementación y casi nos olvidamos de su
ejecución y evaluación. ¿Quién se atreve a corregir este error? ¿Nombramos a un
responsable para ello y le echamos las culpas si no cumple con su cometido? ¿O
es preferible designar a un comité/comisión para que tarde meses en redactar un
informe y acabe por certificar una obviedad y media perogrullada?
Pues eso, volvemos al título. Sigue siendo cierto lo
que decía Napoleón.
Carles Torrijos
Politólogo y
periodista. Socio de AVAPOL
@sueldospublicos
