Napoleón decía... sobre los sueldos políticos

Napoleón decía…

Sobre los sueldos de los políticos. Disculpe, no tengo soluciones, pero le puedo ofrecer alguna reflexión..

Napoleón decía, poco más o menos, que cuando un político tiene un problema y quiere resolverlo nombra a un responsable. Sin embargo, si tiene un problema pero no está interesado en que se aclare, designa un comité. Varias décadas después, el humorista estadounidense, Fred Allen, argumentaba irónicamente que un comité es un grupo de personas carentes de preparación, nombradas por otras carentes de disposición, para hacer algo carente de utilidad. Sirva la palabra comisión, como sinónimo de comité y aterrizaremos mejor en la política española.

Si el asunto de los sueldos de los políticos sigue generando controversia y no se vislumbra acuerdo para reducir diferencias abismales en las nóminas de muchos cargos públicos electos es porque, llanamente, no hay voluntad de consenso, ni hay un responsable para arreglarlo ni existe un comité/comisión. Con todo, la administración local sigue presentando los disparates salariales más sonados de la administración pública española.

Y el ciudadano medio se preguntará ¿que a caso existe un especial interés en que los políticos se pongan de acuerdo para regular sus sueldos? ¿Es ese un problema prioritario que se repite en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas? ¿Qué dice de eso el Gobierno central? ¿Por qué no se aprueba una ley general para todos los cargos públicos electos? ¿Desde cuándo un trabajador de una empresa privada tiene potestad para subirse el sueldo él mismo como hacen los parlamentarios, alcaldes, concejales y presidentes autonómicos?

Y sigo preguntándome ¿cómo es posible que la Administración General del Estado no haya sido capaz de poner orden en la inmensa maraña de los sueldos de los políticos? ¿Por qué la nómina de algunos alcaldes y concejales de ayuntamientos que no son capitales de provincia son más elevadas que la paga que recibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy? ¿Cómo es posible que varios presidentes autonómicos cobren más que el jefe del Ejecutivo? ¿Es normal que el presidente del Congreso de los Diputados cobre algo más de 13.000 euros mensuales por su cargo? Por qué la tercera persona más importante del Estado cobra más que la segunda? Por qué Rajoy gana 78.185 euros brutos al año, como presidente del Gobierno y el presidente de una autonomía como la catalana cobra 144.000 euros? ¿Cómo se fijan los salarios de los políticos? ¿Por qué existen tantas diferencias? Es la población un criterio válido para regular las retribuciones? ¿Por qué no se cumple entonces?

Como podrá comprobar el lector, planteo muchas preguntas pero ofrezco pocas respuestas. Bueno sí, por ejemplo, la Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad Valenciana aprobó hace ya tiempo, y tiene colgado en su página web, un documento de ‘recomendación’ de los sueldos de los concejales y alcaldes de los municipios según su población y establece unas sensatas disposiciones sobre cómo no superar jamás el salario del presidente de la Generalitat o de los consellers. Eso sí, sigue siendo una recomendación. Hoy en día, varios alcaldes de municipios del área metropolitana de Madrid, con más de 200.000 habitantes cobran más que el presidente del Gobierno de España. Estamos hablando de sueldos de más de 80.000 euros. Una barbaridad que consienten, casi siempre, gobierno y oposición.

Los sueldos públicos es un tema del que habla todo el mundo, como el fútbol. Posiblemente, los vecinos de su edificio o de su urbanización tienen una opinión, hablan y discuten sobre ello con naturalidad a veces y con desmedido apasionamiento, otras.  El asunto se presta a tertulias de bares, de cafés, debates televisivos, encuestas en Internet y participaciones radiofónicas de lo más variopintas.

Hablamos del dinero que los contribuyentes ceden con sus impuestos para pagar nóminas, dietas, pensiones e indemnizaciones a los políticos. Dejamos, pues, para otra ocasión los sueldos públicos en sí, que engloban, además, todas las retribuciones de los empleados públicos, esto es, funcionarios de carrera, personal laboral, interinos y personal de libre designación o cargos de confianza. No nos olvidamos además, de esos ‘androides laborales’ o trabajadores de empresas públicas o de fundaciones cuyo criterio de contratación ha consistido, y se ha reconocido recientemente por los implicados, en una mera recomendación. Tanto unos como otros reciben sus emolumentos de las diferentes administraciones, aunque cabe destacar que muchos políticos, además de cobrar por un cargo como consecuencia de haber recibido el respaldo de los electores, también están en nómina dentro del partido político al que pertenecen. Tenemos, por ejemplo, el caso de Mariano Rajoy, que, como jefe de la oposición, cobraba en calidad de diputado nacional, pero el Partido Popular le pagaba 150.000 euros al año, al menos, antes de ganar las Elecciones Generales del pasado 20 de noviembre.

Pero, sea como sea, el ciudadano medio, informado o no, siempre tiene la idea de que los políticos ‘viven muy bien’ y sobre ellos corre la eterna sospecha de la duda, las malas compañías, los asuntos turbios y los contratos amañados.

Pese a que las diferentes administraciones y algunas instituciones del Estado llevan aplicando medidas de transparencia, los sueldos de los políticos no son siempre un dato accesible a todos. Y debería serlo por ley.

Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado recogen en su página web, mediante un documento en pdf, las retribuciones brutas básicas de sus señorías y toda la casuística de complementos, que sonrojan a más de un contribuyente. Además, unos y otros disfrutan de dietas, pensiones e indemnizaciones que chocan con el régimen general de la Seguridad Social. Hay algunos gobiernos autonómicos como el andaluz o el propio gobierno regional de Cantabria, por poner dos casos, que también ofrecen al usuario de Internet la información sobre las retribuciones de sus parlamentarios o consejeros. Ojo, pero no todos los españoles saben usar la red, ni tienen acceso a ella. Es un paso, cierto, pero sigue siendo insuficiente.

Como ven, han leído hasta este último párrafo y siguen con muchas dudas y preguntas en la cabeza. Sigo pensando que los diputados y senadores españoles están mal pagados, en cuanto a salario base se refiere. Creo que deberían cobrar más. También digo, que sus prestaciones, dietas y planes de pensiones contienen privilegios que el resto de trabajadores no disfruta y eso es injusto. También opino que los sueldos de los alcaldes y concejales de todos los municipios de España deberían estar regulados por una ley nacional. La corrupción disminuiría y el verdadero servicio público acabaría aflorando. Los oportunistas, en definitiva, menguarían.

Acabo ya. El debate político en España adolece de lo básico. Se habla de corrupción, de tribunales, de partidos y familias. Se habla demasiado de los sueldos de los políticos. Se habla de todo eso porque nos chirría. Pero hablamos poco del presupuesto, muy poco de las políticas públicas, nada de su diseño e implementación y casi nos olvidamos de su ejecución y evaluación. ¿Quién se atreve a corregir este error? ¿Nombramos a un responsable para ello y le echamos las culpas si no cumple con su cometido? ¿O es preferible designar a un comité/comisión para que tarde meses en redactar un informe y acabe por certificar una obviedad y media perogrullada?

Pues eso, volvemos al título. Sigue siendo cierto lo que decía Napoleón.

Carles Torrijos

Politólogo y periodista. Socio de AVAPOL

@sueldospublicos