Crónica IV Seminario #politica2pto0: OGOV y E-Democracia (1ª parte)

El pasado 11 de abril de 2013, tuvo lugar en la universidad de Valencia el IV Seminario Política 2.0 de AVAPOL: E-Democracia y Open Government. Formaron parte de la mesa de inauguración de la jornada: María Elena Olmos Ortega, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia; Margarita Soler Sánchez, Directora del Departamento de Derecho constitucional y Ciencia Política y de la Administración de la universidad de Valencia, Joaquín Martín Cubas, Director de la jornada y profesor de Ciencias Políticas; y, finalmente, José Luis Sahuquillo Orozco, coordinador de la jornada y Secretario de AVAPOL. Cada uno de ellos dio unas pinceladas sobre el objetivo de la jornada.



En primer lugar tomó la palabra Jose L. Sahuquillo, coordinador del evento. El politólogo quiso agradecer desde el primer momento la confianza depositada en la Asociación Valenciana de Politólogos AVAPOL para organizar "el evento más destacado en materia de nuevas tecnologías y política de toda la Comunitat Valenciana". Fiel a la línea que esta siguiendo AVAPOL durante los últimos meses, Sahuquillo afirmó que "no podíamos girar la cabeza y mirar hacia otro lado. La sociedad reclama mayor participación ciudadana y unos mejores instrumentos de canalización de la voluntad del pueblo en la voluntad política". Además anunció que la voluntad de AVAPOL y de la Facultat de Dret es continuar con esta serie de seminarios que el año que viene cumplen cinco años, "necesitamos continuar creando debate y opinión en los asuntos de la agenda política"


En segundo lugar habló Joaquín Martín Cubas, quien destacó que en el actual contexto de crisis, las instituciones se debilitan, lo que puede debilitar a la propia democracia. La solución pasa por unas instituciones fuertes y representativas. Recordó que las democracias liberales han supuesto un aumento de la libertad a través del establecimiento de una serie de garantías, pero hay que mejorarlas y dar un paso más allá en la participación ciudadana. Por su parte, Margarita Soler, destacó que la mañana era para la academia y la tarde para la sociedad civil (una descripción bastante ajustada de las dos partes de la jornada). De este modo, se recogen dos perspectivas complementarias y la universidad recupera su conexión con la sociedad. Por último, Margarita Soler Sánchez recuerda que la universidad está para servir a la sociedad, colaborando y participando con ella en las búsqueda de soluciones justas a los problemas. Dadas las exigencias actuales de la sociedad, el marco constitucional actual parece no ser suficiente. Por ello, el open government puede ser la solución al permitir la comunicación directa y la participación de la sociedad en el gobierno en todos los niveles; pero los ciudadanos deberán aprender también a gestionar este tipo de control.

Tras la inauguración del seminario, se dio paso a la conferencia "La nueva ley de transparencia y buen gobierno: análisis DAFO", a cargo de Lorenzo Cotino, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, quien fue presentado por María José Ferrer de San-Segundo, miembro de AVAPOL.

En primer lugar, contextualizó la situación en España, comparándala con el resto del mundo y su desarrollo histórico. Así, recordó que fue Suecia en 1766, con la aprobación de Acta de Libertad de Prensa, el primer país del mundo que reguló el acceso a la información, si bien se trató de un hito sin continuidad. Fue necesario esperar hasta 1881 para que el Reino unido regulara el right to publicity. En cualquier caso, lo que pretendía mostrar era que open government y transparencia no son tan novedosos y, en su opinión, lo que ha cambiado son las herramientas.


En su opinión, la Freedom of Information Act (FOIA) estadounidense, aprobada en 1966 y enmendada en 1996 para adaptarla a la nueva administración electrónica, es hoy la más completa del mundo. En la misma década de los sesenta, son aprobadas en Europa diferentes leyes regulando el acceso a la información. Asimismo, ya en aquella época, diferentes organizaciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial, exigen la aprobación de leyes de transparencia a los países que pretendan obtener fondos de ellos. Esto explica que, al menos sobre el papel, muchos países en vías de desarrollo tengan leyes de transparencia más avanzadas que las nuestras. Por ejemplo, en muchos países de latinoamérica es posible acceder a la información sin necesidad de acreditar un interés legítimo. En Europa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya incluye el derecho de acceso a la información pública. además, en 2009 fue aprobado el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (documento que, a día de hoy, España no ha ratificado), con el fin de solventar los problemas asociados al déficit democrático y lograr una mayor legitimidad.

Refiriéndose a la situación en España, recordó que sí existe un derecho de acceso a información pública, básicamente a través de los procedimientos y casos que establece la Ley 30/1992, pero anticuado e insuficiente. Y, para liar más la cosa, incluso tras la aprobación de la Ley de Transparencia que ahora se debate, seguirán vigentes leyes dispersas que regularán diferentes aspectos de este acceso, como la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público y diferentes reglamentaciones autonómicas y locales.

Tras ponernos en situación, procedió al análisis de la Ley de Transparencia que ahora mismo se debate. Encuentra que la proposición de ley de 2011 es algo más innovadora que el texto socialista de 2009, si bien critica que se trate de un proceso legislativo opaco pues, aunque se abrió un periodo para que los ciudadanos presentaran sugerencias y posibles enmiendas a la ley, nunca se supo cuales fueron aceptadas y sobre que criterios.

El actual proyecto cuenta con 29 artículos, cinco disposiciones adicionales y nueve finales. El sujeto de la ley es todo el sector público, aunque existen zonas grises: los órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Congreso, Senado y algunos otros enumerados en el artículo 2.1.f), sólo estarían sometidos a ésta en la medida que realizaran actividades de Derecho Administrativo. La transparencia que se regula es una transparencia activa, lo que va más llá de un simple derecho de acceso, para convertirse en una puesta a disposición y difusión de la información sin necesidad de solicitarla. Para ello, el artículo 8 contempla la creación de un Portal de Transparencia que facilite el acceso a la información. En todo caso, Cotino hecha de menos una mayor concreción.



Para la ley, la información pública aparece definida en el artículo 10, y es básicamente toda la que emitan los sujetos públicos, en cualquier soporte, excepto si está incurso en elaboración o reelaboración, así como la privada en posesión del poder público en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, quedan fuera cosas como las comunicaciones internas. El derecho de acceso se universaliza. De hecho, los límites que establece al mismo el artículo 11 no recogen la necesidad de demostrar interés legítimo, como hasta ahora, aunque se sigue requiriendo la acreditación de identidad y está por regular el método de acreditación electrónica. Se permite además el acceso parcial a la información, artículo 13.

El plazo para dar contestación, artículo 17, es de un mes desde la recepción de la solicitud, ampliable a otro mes si el volumen o complejidad de la información solicitada lo requiriese. La Administración podrá pedir al solicitante, cuando no haya identificado suficientemente la información que desea, que la concrete, artículo 16.2. Asimismo, si la información solicitada afecta a terceros, se les concederá un plazo de quince días para que realicen las alegaciones oportunas, artículo 16.3. El acceso a la información será gratuito y preferentemente por vía electrónica, artículo 19. Sin embargo, podrán exigirse costes o tasas según el soporte en que se dé la información o el esfuerzo para recabarla. En cualquier caso, los costes no pueden ser disuasorios.

Por supuesto, señala, la ley consagra unos límites al ejercicio de este derecho, lo cual no es negativo en sí. Lo importante es la ponderación entre el interés legítimo y éstos. De este modo, aunque la Ley de Protección de Datos establezca una serie de límites también, puede haber casos en que exista un interés superior que motive dar la información solicitada. Lo que sí critica es que se establezca el silencio negativo. Por suerte, señala, lo que importa es que existan garantías para recurrir este silencio. El proyecto de ley recoge la posibilidad de realizar una reclamación previa ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios que, si no es resuelta y notificada en el plazo de tres meses, se entenderá desestimada. En cualquier caso, siempre se podrá recurrir a la via judicial.

Tras este detallado análisis, el profesor Cotino pasó a nombrar brevemente la parte del texto dedicada al buen gobierno, que calificó como injerto desconectado del resto de la ley, que incluye infracciones y sanciones para los malgastadores, mientras que en la sección dedicada a la transparencia, no se incluye ninguna potestad sancionadora.

Entre las debilidades de la ley, apunta que se trata de un texto de mínimos, aunque suponga una mejora sustancial respecto a la situación anterior. Si bien la norma no es mala, ni es revolucionaria, ni recoge completamente los principios del gobierno abierto, cuya esencia son las nuevas tecnologías. Además, no hay asignación presupuestaria para su desarrollo; se atenderá con medios ya existentes. Pero no todo es negativo, también hay espacio para las oportunidades. La ley otorga margen para que las administraciones autonómicas y locales complementen la ley y le den concreción, estableciendo órganos concretos y dotándolos de potestad sancionadora; así como establecer qué información debe estar disponible y cómo (soporte). La gran amenaza para la ley, recuerda, es que se apruebe y la olvidemos, ya que se suele hablar mucho de participación y ciudadanía, pero es poca la gente que realmente participa y se interesa activamente por estos temas.

Jose L. Valenciano
Politólogo

Del escrache al lobbismo y del corporativismo al neopluralismo

“Propongo un cambio de paradigma en la representación de intereses en España”
 
 
En las últimas fechas, se está reproduciendo con asiduidad un fenómeno, cuyo término se ha extendido como la pólvora: el escrache. En este texto no voy a entretenerme en explicarlo dado que este no es el fin. Hago alguna referencia al mismo en mi artículo "Marcaje al diputado, cobradores del Frac y otro tipo de democracia".
 
Retomando la tesis a la que hago referencia en el mencionado artículo, voy a tratar de proponer algunas soluciones y espero que, al final de estas pocas líneas, el título del artículo tenga más sentido para el lector.
 
Básicamente, mi tesis es que el escrache es un fenómeno que goza de una amplísima legitimidad pero que no se debe alargar en el tiempo si no queremos que lleve a un reequilibrio no deseado (por parte de grupos que puedan tener demandas, digamos, con menor apoyo social como, por ejemplo, antiinmigración). Por tanto, es necesario que las fugas que se está produciendo vía movimientos de protesta no convencionales, no regladas, se canalicen por vías regladas, convencionales. Es decir, que se articulen los mecanismos para que no sean "necesarios" mecanismos alternativos.
 
Así lo expresaba hace unos días en un tweet:
 
“Cuando los cauces formales de participación no son efectivos, los cauces informales de protesta se convierten en legítimos #escrache" — (@ntutumu)
 
Por tanto, en mi opinión, y que no se entienda mal, hay que "deslegitimar" estos métodos creando mecanismos alternativos y que satisfagan ese hambre de justicia social basada en una visión más participativa de la democracia.  
 
¿Qué soluciones propongo yo como prioritarias?
 
  • Dar mayor fuerza vinculante a las Iniciativas Legislativas Populares (basadas en unos porcentajes de ponderación y mecanismos que son motivo de otro artículo).
 
  • Replantearnos el modelo de representación de intereses en el escenario político.
La CEOE, los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT), la PAH, Facua, Green Peace, Amnistía Internacional y otras muchas instituciones tienen algo en común: todo son grupos de interés (no voy a pararme a explicar qué son, les remito a esta sencilla definición).
 
En el escenario político se representa un supuesto interés general, a través de las urnas, la actividad parlamentaria y administrativa y a través de referéndum o consultas; el interés corporativo de los grupos de interés; los intereses individuales.
 
  • El interés individual tan sólo, en mi opinión, lo consiguen reflejar los individuos involucrados en política o los que usan medios ilícitos dedicados a la extorsión, el tráfico de influencias y delitos económicos varios.
 
  • El interés general se ve reflejado con periodicidad (siempre, a todas luces, insuficiente; no es así en casos como Suiza).
 
  • El interés corporativo es, en mi opinión el más frecuentemente representado y en este me quiero centrar en las pocas líneas más que escribiré.
Me encontraba leyendo un manual sobre Sistema Político de la UE y caí en la cuenta de las abismales diferencias que existen entre el sistema de representación de intereses en España y en la UE (o EEUU).
 
En España, tenemos un sistema de representación de intereses corporativa en el que la noticia más común es en la que la patronal y sindicatos se sientan a negociar con el Ejecutivo nacional y, sin embargo, nunca escuchamos/leemos que se han sentado a negociar, por ejemplo, el Gobierno, la patronal, la OCU y FACUA la nueva subida de tipos de interés o del IVA.
 
La tesis que barajo, en esta búsqueda de alternativas a los métodos no convencionales, es un cambio de paradigma en la representación de intereses en España y un paso hacia un modelo a europea (de la UE) mejorando, obviamente, la representación de intereses generales (aquí cabe lo de la IPL, las reformas electorales, etc.). Sobre todo, en un contexto en el que, cada vez más, se está hablando de los single-issue party (Mudde, C.; 1999). Un cambio que nos haga transitar desde una representación corporativista de intereses (Gobierno-CEO-sindicatos) a una representación neopluralista; de una representación basada en la división de la sociedad entre empresarios y trabajadores a la apertura de las puertas de La Moncloa para la negociación sectorial en la pluralidad de temas con la pluralidad de agentes representativos de los intereses en dichos temas (al menos con los más representativos como, en el caso de los consumidores, la CEOE, la OCU y/o Facua).
 
En este caso, el reproche que se puede hacer a esta tesis es que se pueden producir sesgos por la mayor capacidad (normalmente económica y publicitaria) de presión, de "secuestro de políticas" o "policy buying" (Mackay, A.) que pueden ejercer las grandes multinacionales frente a la débil presión de, por ejemplo, Amnistía Internacional. Esto sería cierto en un modelo pluralista pero no en un sistema neopluralista en el que, según Hix y Hoyland "los sesgos inherentes al pluralismos se pueden superar si lso altos funcionarios del estado dejan de ser árbitros neutrales (Dunleavy y O'Learly, 1987; Petrarcca, 1994). En este modelo, los burócratas buscan deliberadamente los intereses públicos infrarrepresentados, les ofrecen subsidios y les conceden acceso (Lindblom, 1977)" (Hix y Hoyland, 2012: p. 161-163).
 
En conclusión: la sociedad española demanda cambios en el sistema referentes, entre otras muchas cosas, a la participación ciudadana. Un cambio que se tendrá que dar en los mecanismos de representación de intereses generales (ILP vinculante, mayor frecuencia de referendums y consultas, etc.) y de intereses corporativos de los grupos de presión para, con esto, evitar el surgimiento de formas de participación no convencional que, en mi opinión, erróneamente, se ponen en el mismo tablero que el terrorismo (lo cual es terrorismo en sí mismo, ya que infunde terror popular).  
 
Propongo un cambio de paradigma porque un régimen que se niegue a ver la realidad de la representación de intereses corporativos en el sistema y, por tanto, a regularlos, será un régimen que siempre se sentará con bancos, inmobiliarias y patronales para negociar la Ley de desahucios.
 
Fernando Ntutumu
Socio de AVAPOL

McKay, A. (2012). Buying policy? the effects of lobbyists' resources on their policy success. Political Research Quarterly,65(4), 908-923. doi: http://dx.doi.org/10.1177/1065912911424285

Mudde, C. (1999). The single-issue party thesis: Extreme right parties and the immigration issue. West European Politics, 22 (3), 182-197.

Hix, S y Hoyland, B. (2012). Sistema político de la UE. McGraw-Hill, ISBN: 9788448180027, 432 páginas.

Las secuelas de una revuelta histórica


El Viejo Continente asiste con expectación a las réplicas del terremoto que estremeció Oriente Medio hace dos años, consciente de que la evolución de sus vecinos sureños tiene una repercusión enorme sobre la marcha de Europa.

El primer brote de la Primavera Árabe se produjo un 4 de enero de 2011 en Túnez, cuando Mohamed Bouazizi, un joven de 26 años, se inmoló a lo bonzo debido a sus problemas económicos. Este trágico incidente desató una ola de manifestaciones que se extendió como la pólvora por todos los extremos del país norteafricano.

Este hecho no solo sacudió la estabilidad del régimen de Ben Ali, sino que fue el desencadenante de una sucesión de algaradas populares en las principales naciones de la región. La población se desprendió de las ataduras que hasta entonces habían maniatado sus derechos y libertades y tomó las calles y plazas de las principales urbes para reflejar su hastío y desesperación.

Dos años después, el fruto de las semillas que germinaron al calor de las revueltas primaverales todavía es incierto. La Unión Europea reconoce que, a pesar de las reformas puestas en marcha, todavía persisten “obstáculos que deben ser superados” si estas naciones quieren deambular con “éxito” por la senda que lleva hacia la democracia.

Las sombras

Sobresale la frágil estabilidad que se ha instalado en muchos de estos países, en tanto que el derrocamiento de los antiguos regímenes no ha conseguido cicatrizar unas heridas que todavía rezuman odio y venganza entre importantes sectores de la población.

La guerra civil que está librándose en Siria, la acometida francesa en Malí, así como el posible efecto contagio que transforme a la región en un polvorín de consecuencias impredecibles, perturba sobremanera la estabilidad de los mandatarios europeos.

Además, tras la caída del general Muamar el Gadafi en Libia y las sucesivas asonadas que están salpicando la región del Magreb, las milicias favorables a Al Qaeda han encontrado en la región un escenario proclive para ejecutar sus acciones.

A ello se suma la debilidad institucional de gran parte de estos países, lo que favorece que los guerrilleros permuten con facilidad de guarida y encuentren en las poblaciones limítrofes un vivero de jóvenes dispuestos a enrolarse en la cruzada contra Occidente.

El avispero islamista, sobre todo en el caso de países como Argelia, Túnez, Marruecos y Libia, está a tiro de piedra del Viejo Continente, por lo que Pierre Vimont, secretario general ejecutivo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, por sus siglas en inglés) ha sentenciado que “no se puede perder más tiempo”.

Además, la renqueante introducción de los valores republicanos en estas sociedades tropieza una y otra vez con los sectores islamistas más radicales, enemigos del modelo de gobernanza occidental.

Las luces

Por suerte, no todo son malas noticias. El presidente de Túnez reclamó recientemente en Estrasburgo una “mayor comprensión” de cara a la importante mutación que están atravesando estas naciones. “Somos humanos, no nos exijan milagros”, suplicó Moncef Marzouki, incidiendo en la idea de que tras la tormenta revolucionaria la estabilidad se demora en llegar.

Muchos de estos países han celebrado elecciones democráticas por primera vez en su historia, lo que ha favorecido que la sociedad civil ejerza un papel más destacado. Europa ha colaborado en los comicios celebrados en Túnez, Libia, Egipto y Marruecos mediante el envío de Misiones de Observación Electoral.

En este sentido, la libertad de expresión y de asociación se ha fortalecido considerablemente, al tiempo que el control civil sobre las Fuerzas Armadas se ha incrementado. Todo ello está ayudando a instaurar un adolescente sistema de “pesos y contrapesos” entre los diferentes poderes, lo que permite quebrantar la omnipotente parcela de poder que hasta ahora habían atesorado determinadas familias políticas.

Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, consciente de que la consecución de la democracia en estas regiones no siempre es lineal, señaló la semana pasada que estas recaídas “no deben utilizarse como excusa para la retirada”. A su parecer, la UE debe perseverar en la construcción de sistemas políticos democráticos, en tanto que contribuye a tejer un cinturón de seguridad y estabilidad en torno al Viejo Continente.

La Comisión Europa debe comprender que, a raíz del diferente ritmo de reformas implementadas, resulta imprescindible que la estrategia comunitaria en estas regiones atienda de manera diferenciada las necesidades y aspiraciones particulares de cada país.

Bernardino León, enviado especial de la UE para el sur del Mediterráneo, confía en que 2013 sea el año de la consolidación democrática. A su parecer, el proceso estará macerado de contratiempos y vicisitudes, como las hay en cualquier transición, si bien se muestra convencido de que se superarán con éxito y demostrarán que “el deseo de consolidar la democracia es más fuerte que cualquier crisis”.

A la luz de estos elementos, podemos señalar que el dilema al que se enfrenta la vieja Europa no es un asunto menor. En un momento en el que su ciudadanía muestra un creciente hastío hacia el funcionamiento de la democracia, ¿con qué semblante se pueden propagar las bondades de un sistema político que en su propia morada está en entredicho?

Emilio Sancho
Junta Directiva de AVAPOL
@SanchoEmi