La época dorada de las Diputaciones en España

La existencia de las Diputaciones Provinciales parece que está llegando a su fin. Por cuestiones económicas o de tendencia descentralizadora, estas instituciones están en el punto de mira de nuestra clase política y la plasmación más directa de ello es su inclusión en los programas políticos presentados para las elecciones del 20N.

Una aproximación a las principales líneas de actuación tras los comicios del próximo domingo dista mucho de pensar que la opinión que se tiene respecto de estas instituciones es gratificante. Muy al contrario, la propia mención a las mismas es ya de por sí desalentadora. El Partido Popular, más empático con éstas, es proclive a su modernización bajo el paradigma de la nueva gestión pública, encaminándolas, como su nombre indica, a racionalizarlas en términos de gestión técnico-económica. El resto de partidos, entre los que se encuentran PSOE, IU, UPyD, CIU, ERC, coalició Compromís-Equo o BNG, entre otros, son más bien partidarios de su erradicación. Para sorpresa de muchos expertos en materia local, los argumentos que esgrimen giran en torno a dos vertientes: su carácter obsoleto y la redefinición competencial entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

¿Es esto justo?

Uno de los aspectos más definitorios del Estado español es el inframunicipalismo derivado de su propia organización territorial, donde conviven 8116 municipios que se enfrentan diariamente a la tarea de poder llevar a cabo de la mejor forma posible la gestión de los servicios públicos de atención a sus ciudadanos. Y digo bien, gestión, puesto que estos entes locales carecen de la exclusividad de competencias para ser los responsables de las actividades que desempeñan, siendo las Comunidades Autónomas las jurídicamente competentes para decidir sobre las mismas. Junto a ello, debemos tener presente la insuficiencia económica a la que se enfrentan los municipios para poder prestar sus servicios, incluyéndose el añadido de que los municipios también son llamados a prestar los “servicios ajenos”, tradicionalmente asumidos sin cargo en los presupuestos. En resumidas líneas, el panorama en el que se encuentran los entes locales es el de atender a las necesidades de sus habitantes, sin disponer para ello de fondos, en un marco de las decisiones adoptadas por las Comunidades Autónomas.

Es en este contexto en el que cobran forma las Diputaciones Provinciales, entes locales que trabajan diariamente en la satisfacción de los intereses de los habitantes y la gestión de las competencias que exceden a los recursos de los municipios. Y todo ello dentro del marco de la legalidad puesto que, como aboga la LRBRL 7/1985, los entes locales pueden delegar en otras instancias locales de ámbito territorial superior las competencias que sobrepasan sus capacidades.

Por ese motivo, si se quiere atender a sufragar las necesidades sociales de los españoles, el debate no puede centrarse en la eliminación de las Diputaciones Provinciales. Cabe hablar, no obstante, de reformas. Quizá esto último radique en fijar para ellas el voto directo a fin de que el elector tenga presente su existencia. Pero en cualquiera de los casos, cualquier modificación debe atender, en primer lugar, a la garantía del principio de autoorganización, atribuyendo a los municipios las competencias exclusivas sobre los servicios que en la práctica están prestando. En segundo lugar, se debe atender a la garantía de la suficiencia económica y autonomía financiera a fin de poder ejecutar eficientemente dichos servicios públicos.

En el vocabulario chino, la palabra crisis se compone de dos conceptos: peligro y oportunidad. Sólo resta aprovechar las oportunidades que se presentan para contribuir a mejorar la calidad de las Administraciones Públicas de nuestro país.

Patricia Vidal.

Politóloga y socia de AVAPOL

@VidalPat